La nueva normativa contempla que los residentes en la Ciudad del Vaticano, que en total son tan sólo 444 habitantes, podrán elegir ellos mismos si quieren ser ciudadanos vaticanos o mantener su ciudadanía originaria, a través de una petición específica dirigida al Gobierno del Estado del Vaticano. La principal novedad de esta ley será que los que viven en la Ciudad del Vaticano no estarán obligados a obtener la ciudadanía vaticana, lo cual presentaba "varios problemas sobre todo con el Estado italiano" ya que algunas veces "se consideraba el pasaporte como extranjero", según ha explicado el padre Benedittini.

Así, la nueva ley afirma que son ciudadanos vaticanos "los cardenales residentes en la Ciudad del Vaticano o en Roma, los diplomáticos de la Santa Sede y quienes residen en el Vaticano por razón de cargo o servicio", como son los agentes de la Gendarmería vaticana, los miembros de la Guardia Suiza o algunos funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano. Asimismo, el Papa y en su nombre, el presidente del Gobierno del Vaticano, el cardenal Giovanni Lajolo, podrán atribuir la ciudadanía "previa petición de los interesados" a aquellos que "residen en la Ciudad del Vaticano por razón de su cargo o servicio".

La normativa, según ha explicado el padre Ciro Benedittini, simplemente "pone por escrito" lo que "ya se lleva haciendo desde hace algunos años" para agilizar las entradas y salidas en uno de los Estados más pequeños del mundo, ya que ocupa tan sólo 44 hectáreas. Benedicto XVI nombró una comisión en el año 2009 para actualizar las antiguas leyes de ciudadanía, presidida por monseñor Giorgio Corbellini, quien ha explicado que "la figura del residente" ha adquirido "una mayor importancia en la realidad vaticana" ya que "muchos habitantes del Estado vaticano preferían no asumir la condición de ciudadano" que en la antigua ley de 1929 "era considerada la normal situación de cuantos vivían en el Vaticano".

Además, el acceso a la Ciudad del Vaticano está permitido a todos aquellos que "prestan servicio en los organismos de la Santa Sede, a las instituciones del Estado de la Ciudad del Vaticano y quienes tienen alguna relación de colaboración con los organismos de la Santa Sede" así como "a las personas que tienen algún motivo para acceder habitualmente a la Ciudad del Vaticano" a quienes se les entrega "una tarjeta de acceso especial". No obstante, esta ley no se aplica a las zonas de libre acceso de la Ciudad del Vaticano, como la Plaza de San Pedro o la Basílica, en la cual entran aproximadamente 18 millones de personas al año, una cifra aproximada porque "no hay un control específico de cuántos peregrinos entran cada día", según ha explicado el padre Ciro Benedittini.

La entrada a la Basílica, ha recordado monseñor Corbellini, es completamente libre y tan sólo existen una serie de controles de vigilancia que antes no se realizaban, pero que son necesarios "debido a los peligros del terrorismo internacional". Por su parte, los Museos vaticanos, los cuales han sido visitados por 4,6 millones de peregrinos en el año 2010, son también de libre acceso y tan sólo se requiere el pago de la entrada. Monseñor Corbellini ha recordado que los museos vaticanos siguen "las formalidades específicas de cualquier otro museo".