El presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes, monseñor Antonio Maria Veglió, ha pedido a los gobiernos que protejan los derechos fundamentales de las mujeres y luchen "contra los abusos en el trabajo y los abusos sexuales" contra las mujeres, en el Convenio sobre 'el rostro femenino de las migraciones' organizado por Cáritas Internacional en Senegal.

Monseñor Veglió ha señalado en Radio Vaticana que los gobiernos deben también "facilitar el acceso a los servicios sanitarios, a la vivienda y a la nacionalidad" así como conceder una mayor "asistencia a las jóvenes madres".

Según ha sostenido el presidente del dicasterio, en muchos países la inmigración femenina ha superado la masculina. Sin embargo, ha advertido de que "tan sólo 42 países" han ratificado la 'Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de su familia', un "instrumento internacional que tutela a las personas migrantes que se dirigen hacia una nueva situación".

Monseñor Veglió ha recordado que los trabajos que normalmente se asignan a las mujeres migrantes "son de tipo doméstico o la asistencia a ancianos o niños" y, sin embargo, en muchos casos "son abusadas también en la esfera doméstica" y privadas de los derechos humanos más elementares.

Además, monseñor Veglió ha denunciado que casi cuatro millones de mujeres en el mundo 'enriquecen' el tráfico de la prostitución en un negocio que mueve "más de doce billones de dólares al año". Según ha sostenido el presidente del dicasterio, la prostitución es "la tercera actividad ilegal más beneficiosa en el mundo, después de la droga y el comercio de armas".

Por otra parte, monseñor Veglió ha recordado que la Iglesia continuará en este ámbito "su obra de acogida a los migrantes" , movilizándose para que la "legislación sobre la libertad religiosa" esté marcada por el respeto recíproco y el espíritu de corrección.

Según ha destacado monseñor Veglió, la "insuficiente posibilidad concreta de participación social, política y cultural que la sociedad civil garantiza hoy a la mujer" repercute también "sobre las comunidades cristianas", que deben valorar la cultura y la aportación "de la mujer inmigrante".