La Junta de Portavoces se ha mostrado este viernes a favor de tramitar una proposición no de ley para reprobar al cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, por sus palabras sobre homosexualidad y pedofilia, rectificando así a la Mesa del Congreso que había decidido no aceptarla.

La decisión se ha alcanzado gracias a los votos de PSOE e IU y a pesar de que PP, CIU y Coalición Canaria votaran en contra. Ahora, será la Mesa --que fue rechazada por la suma de los votos de PP y CIU-- la que tendrá que decidir si reconsidera la iniciativa o no.

Según ha anunciado el diputado de IU Gaspar Llamazares, "la Mesa ha perdido ante la Junta de Portavoces" y, por tanto, ha recordado que en la calificación de iniciativas "debe atenerse escrupulosamente a su valoración reglamentaria".

"No puede vetar iniciativas que no comparta por criterios morales, religiosos, políticos o ideológicos. Esperamos que sea fiel a la mayoría parlamentaria y permita la tramitación de esta iniciativa", ha añadido.

En el caso de que no reconsidere su postura, Llamazares ha anunciado que su grupo llevará el tema hasta el Tribunal Constitucional porque, en su opinión, "no se trata de una iniciativa parlamentaria en concreto, sino del derecho de los parlamentarios".

INICIATIVA DE LARGO RECORRIDO

La proposición no de ley inicial de ICV se registró el pasado 13 de abril ante la Comisión Constitucional del Congreso pidiendo al Gobierno que se quejase ante el Vaticano por las declaraciones de Bertone.

Sin embargo, la Mesa de la Cámara le reclamó que eliminara del texto todos aquellos términos que pudieran atentar contra el honor del secretario de Estado del Vaticano, en concreto la palabra "difamar", que finalmente sustituyó el 21 de mayo por "ofender".

La iniciativa, ya modificada, no fue calificada por el órgano de Gobierno del Congreso gracias a los cuatro votos del PP y el del diputado de CIU. Los tres representantes del PSOE y el del PNV votaron a favor, pero perdieron la votación.

La Mesa explicó que no procedía la admisión de la iniciativa "por ser improcedente que la Cámara se manifieste sobre declaraciones realizadas por sujetos no sometidos al control de la misma, como por instar al Gobierno a cuestiones que versan sobre materia ajena a su competencia".