El Consejo de la Juventud de España (CJE) se ha sumado a la condena internacional por el caso de la mujer iraní, Sakineh Ashtiani, de 43 años, sentenciada a morir lapidada por adulterio, además ha aprovechando para denunciar que países como Somalia, Indonesia, Nigeria o Irán, siguen practicando este castigo físico como medida penal.

El CJE considera imprescindible dejar claro que "el adulterio no es un delito y pertenece al ámbito más íntimo y personal" y que, por tanto, la situación en la que se encuentra Ashtiani, "es un caso más que se une a la barbarie que implica la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres en países que continuamente atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

A su juicio, a las numerosas dudas sobre los procesos judiciales que plantean los defensores de los derechos humanos, se suman las violaciones de los convenios internacionales que el país ha firmado, lo que "es inadmisible".

Al respecto, el Consejo de la Juventud de España hace un llamamiento a la sociedad española en general, y a las instituciones en particular, para frenar el incumplimiento de la moratoria que Irán acordó con la Unión Europea en 2002, y que ha incumplido en reiteradas ocasiones.

COLABORACIÓN CON LA PLATAFORMA JUVENIL SAHARAHUI

Por otra parte, el CJE firmó el pasado 14 de agosto un Convenio de colaboración con la plataforma juvenil saharaui Unión de Juventudes de Saguía el Hamra y Río de Oro (UJSario), compromiso que ambas organizaciones vienen renovando desde hace 15 años, en los cuales han desempeñado una labor política y social por la autodeterminación de su pueblo y por la defensa de los derechos de los y las jóvenes y niños y niñas saharauis.

El consejo "considera fundamental mantener una colaboración continuada con el Pueblo Saharaui y en concreto con la juventud saharaui frente al incumplimiento de la legalidad internacional con relación al ejercicio de su derecho de autodeterminación por parte del régimen marroquí".

Sobre este tema, el CJE considera que el Gobierno de España "debe velar por el cumplimiento de las diversas resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas" y por ello le exigen "que defienda internacionalmente y sin fisuras la celebración del referéndum de autodeterminación en el Territorio".